LA REDISTRIBUCION, REGRESIVA, DE LA POBREZA

Jorge Altamira descalificó en duros términos el anuncio de una asignación por hijo efectuado por la Presidente de la Nación. Denunció que los 180 pesos del subsidio no sacan a los padres desocupados o en negro de la pobreza, y que por el contrario significa que el Estado legitima las suspensiones y los despidos al igual que la violación del derecho laboral. Altamira consideró como socialmente lesivo que el subsidio se financie con el dinero de la Anses y que, para colmo, cancele los planes familia y trabajar. Hechas las cuentas, se indignó el dirigente del Partido Obrero, las familias más pobres verán reducidos sus ingresos, con un perjuicio para el fondo previsional destinado al aumento a los jubilados. Se trata de una redistribución de la pobreza de los jubilados a las familias pobres, que perjudicará a unos y a otros, con un saldo favorable para el fisco, destinado naturalmente al pago los intereses usurarios de los nuevos bonos que serán emitidos en canje por los que fueron afectados por la cesación de pagos.
Altamira hizo hincapié en denunciar el recurso a un decreto de necesidad y urgencia para implementar este desproósito.
Para Altamira, esta culminación oprobiosa del debate sobre la pobreza desnuda la falacia de la campaña de la oposición centroizquierdista que pretende, con sus propuestas de asignaciones e ingresos ‘universales’, remediar la pobreza mediante el asistencialismo estatal en lugar de atacar los privilegios de los monopolios capitalistas.
En contraposición a la redistribución de la pobreza, Altamira propuso la prohibición de despidos y suspensiones; un reparto nacional de las horas de trabajo para la totalidad de la población activa; y un régimen de entrenamiento profesional para los trabajadores descalificados financiado con un impuesto especial a las rentas financieras y agrarias y al beneficio capitalista.

MAS QUE NUNCA


Lo peor de la crisis pasó”, repiten al unísono los voceros oficiales.
No pueden decir lo mismo los 400.000 compañeros que fueron despedidos en el último año.
Tampoco los que no llegan a la “canasta de pobreza” (1.600 pesos), que son el 40% de los argentinos.
Pero los que dan por fenecida la crisis se engañan a sí mismos.
La feroz competencia entre los pulpos para ver quién sobrevive se está dirimiendo con despidos, paritarias suspendidas y ritmos más intensos de trabajo.
Las cajas del Estado han sido vaciadas, precisamente, para pagar la deuda pública y para salvar a esos monopolios en crisis.
¡Hasta la General Motors fue subsidiada con los fondos de la Anses!
Ahora, quieren enjugar la quiebra fiscal con impuestazos y nuevos ajustes a la educación y la salud.
Pero, también, endeudando al país en condiciones de usura.
Para que el presupuesto 2010 banque a los nuevos y viejos usureros, tendremos que afrontar mayores tarifazos.
En cambio, no van a gravar al gran capital inmobiliario o terrateniente, que paga impuestos sesenta veces inferiores a lo que valen sus propiedades.
A pesar del gigantesco sacrificio que quieren imponerle al pueblo, la recuperación que pregonan no pasa de una nueva bicicleta financiera, que volará por los aires como todas las que la precedieron.
Para los pulpos y su Estado, la salida de la crisis es una excusa para la liquidación de los convenios, despidos sin costo, paritarias y sueldos congelados.
Más que nunca: ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Prohibición de despidos y suspensiones. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
Salario igual a la canasta familiar, hoy en los 4.400 pesos. 82% móvil para los jubilados.
Que se reabran las paritarias.
Subsidio al desocupado equivalente al 82% de la canasta familiar.
Que la protección social se financie con impuestos al capital, no liquidando planes sociales ni con aumentos impositivos a los consumidores.
¡Abajo el ajustazo a los maestros y a la salud!
Impuestos progresivos al gran capital agrario e inmobiliario, de acuerdo con la valuación de mercado de sus propiedades.
Los maestros de la Capital y de Buenos Aires; los luchadores de la salud de Tucumán y Río Negro, los docentes y municipales de Córdoba; los obreros de Kraft y del Subte, de Mahle y tantas otras nos están diciendo quién tiene que pagar la crisis.

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