Como desenlace de la crónica de una excarcelación anunciada, el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj, liberó al dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, a su ex vocero, Leonardo Portorreal y a otros dos detenidos, Rodrigo Peláez y Angel Hernán Akson. En el caso de los tres primeros, se basó en que no hay peligro de que se fuguen o que entorpezcan la investigación judicial, los mismos argumentos que horas antes le había planteado el fiscal Jorge Sica quien, además, advirtió que las pruebas recopiladas le parecían “endebles”. En cuanto a Akson, el magistrado culpó en una improvisada conferencia de prensa a las “infelices tareas de inteligencia que hicieron que lo traigan al hermano y no a él”, quien en teoría aparecía en filmaciones con un bidón de nafta cerca de los trenes el día de la quema, en mayo. En defensa de su actuación, Yalj dijo que no cree “haber trabajado con hipótesis erróneas” y que mantiene las sospechas de que Sobrero habría organizado un sabotaje que dio lugar al incendio de los trenes, pero aún así “preferiría hacer las cosas mejor”.
El juez tiene ahora diez días para decidir si procesa a Sobrero, a quien indagó por “asociación ilícita, estrago doloso y extorsión”, y el mismo plazo corre para el resto de los imputados. El lunes llamó la atención que por la mañana Yalj habló con convicción de que habría pruebas comprometedoras contra el dirigente ferroviario –a quien de hecho hizo pasar todo el fin de semana detenido e incomunicado– y por la tarde, después de tomarle declaración, cambió la tónica y afirmó que “le había dado explicaciones atendibles” que conducirían a nuevas medidas de prueba, ya que hasta el momento el juzgado había “escuchado una sola campana”, en alusión a la empresa TBA. Ahí dio la pauta de que podría devolverle la libertad.
El fiscal Sica no sólo recomendó las excarcelaciones ante la “endeblez probatoria” sino que presentó por la mañana un escrito ante el juez donde ponía en duda el origen mismo de las detenciones, basadas en la reciente y sorpresiva declaración de Alan Skrobacki, uno de los primeros detenidos por la quema de los trenes. Sica hacía notar la “intempestiva incorporación de las declaraciones testimoniales” de los tres policías de la división Seguridad Ferroviaria que habían detenido a Skrobacki, que recién tras cuatro meses pidieron declarar con el argumento de que se habían olvidado decir que al momento del arresto el hombre les había dicho que un tal Leo le había pagado 100 pesos para ir a quemar los vagones del Sarmiento, además de darle los elementos necesarios. Además, dijeron que le había prometido 500 más, que le pagaría en la estación de Liniers, donde habían quedado en encontrarse. Sica señaló que nada de eso dice el acta policial de la detención, y que los agentes tampoco fueron a Liniers a atrapar al supuesto Leo. Los policías testificaron el 7 de septiembre. Seis días después Skrobacki llamó al juzgado pidiendo ampliar su indagatoria. Cuando lo llevaron ante el juez, contó exactamente la misma historia que los policías.
El juez tiene ahora diez días para decidir si procesa a Sobrero, a quien indagó por “asociación ilícita, estrago doloso y extorsión”, y el mismo plazo corre para el resto de los imputados. El lunes llamó la atención que por la mañana Yalj habló con convicción de que habría pruebas comprometedoras contra el dirigente ferroviario –a quien de hecho hizo pasar todo el fin de semana detenido e incomunicado– y por la tarde, después de tomarle declaración, cambió la tónica y afirmó que “le había dado explicaciones atendibles” que conducirían a nuevas medidas de prueba, ya que hasta el momento el juzgado había “escuchado una sola campana”, en alusión a la empresa TBA. Ahí dio la pauta de que podría devolverle la libertad.
El fiscal Sica no sólo recomendó las excarcelaciones ante la “endeblez probatoria” sino que presentó por la mañana un escrito ante el juez donde ponía en duda el origen mismo de las detenciones, basadas en la reciente y sorpresiva declaración de Alan Skrobacki, uno de los primeros detenidos por la quema de los trenes. Sica hacía notar la “intempestiva incorporación de las declaraciones testimoniales” de los tres policías de la división Seguridad Ferroviaria que habían detenido a Skrobacki, que recién tras cuatro meses pidieron declarar con el argumento de que se habían olvidado decir que al momento del arresto el hombre les había dicho que un tal Leo le había pagado 100 pesos para ir a quemar los vagones del Sarmiento, además de darle los elementos necesarios. Además, dijeron que le había prometido 500 más, que le pagaría en la estación de Liniers, donde habían quedado en encontrarse. Sica señaló que nada de eso dice el acta policial de la detención, y que los agentes tampoco fueron a Liniers a atrapar al supuesto Leo. Los policías testificaron el 7 de septiembre. Seis días después Skrobacki llamó al juzgado pidiendo ampliar su indagatoria. Cuando lo llevaron ante el juez, contó exactamente la misma historia que los policías.
Dada la “inconsistencia” –sostuvo el fiscal– de lo aportado por los policías y las dudas derivadas, pidió que se hagan entrecruzamientos telefónicos y que se le vuelva a tomar declaración indagatoria a Skrobacki. Este imputado solía dormir en el andén y vivía de hacer colas en el hospital de Morón. Cuando habló del tal “Leo” que le habría pagado dijo que se comunicaba por handy con Sobrero. Pero el “Pollo” sostuvo ante Yalj que desde 2004 no usan handies. Portorreal fue detenido como si fuera el Leo señalado por Skrobacki, quien lo había descripto como alguien de tez blanca y ojos claros, aunque en realidad sería moreno. En el juzgado explicó que se desligó de los ferroviarios –donde era vocero de la lista Bordó, encabezada por el “Pollo”– en 2007 y que se vio dos veces con Sobrero en estos años. Uno de los abogados de Sobrero, Omar Dib, informó a Página/12 que una de las medidas –entre medio centenar– ordenadas ayer por el juez es un careo entre Portorreal y Skrobacki.
El juez Yalj –igual que el fiscal– evaluó que no había riesgo de fuga de los imputados, pero les prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio más de dos días, y les impuso la obligación de presentarse en el juzgado una vez al mes. Al anochecer eran liberados Sobrero, Portorreal, Peláez y Akson. Seguirán detenidos los hermanos Fernando y Guillermo Díaz, que serían barrabravas de All Boys, y a diferencia del resto se encontraban en situación de calle cuando fueron detenidos. Están señalados como posibles autores materiales de la quema.
Después de firmar la resolución el juez hizo una breve aparición pública en la que se quejó de las “infelices tareas de inteligencia” que en lugar de traer al Akson que estaba imputado, llevaron a la detención de su hermano. Allegados a la causa explicaron que esas actividades fueron realizadas por la Policía Federal, pero en aquel caso puntual de la Secretaría de Inteligencia (SI) que hizo un análisis de los videos del día de los desmanes, donde se identificaba a distintas personas.
En una suerte de mea culpa, Yalj dijo que “preferiría hacer las cosas mejor. No quiero descartar mis responsabilidades. Los investigadores actúan, en definitiva, a las órdenes del juzgado y yo asumo que es el juzgado el que las debe responder”, dijo Yalj a la prensa. “Me manejé dentro de los márgenes que autoriza la ley. No fui arbitrario en ningún momento, eso creo”, señaló. De todos modos, dijo que mantienen las sospechas e imputaciones iniciales y habló de “un apriete salvaje del sindicalismo de Sobrero, lo que tenemos bastante probado, y seguimos avanzando en esta línea”. Según Yalj, el sindicalista habría manejado sabotajes con la meta de lograr la regularización de personal tercerizado alineado en su lista, opuesta a la de José Pedraza. “Sigo firme en esta idea”, dijo. Sobrero, en su indagatoria negó que hubiera habido un descarrilamiento intencional y aseguró que los materiales están vencidos y en mal estado.
“Hubo un gran acto de injusticia –dijo Dib, defensor de Sobrero– que estuvo conducido por la versión de la empresa TBA, a la que el Estado le paga cuando le queman los trenes.”
Irina Hauser para Página12
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