LA REDISTRIBUCION, REGRESIVA, DE LA POBREZA

Jorge Altamira descalificó en duros términos el anuncio de una asignación por hijo efectuado por la Presidente de la Nación. Denunció que los 180 pesos del subsidio no sacan a los padres desocupados o en negro de la pobreza, y que por el contrario significa que el Estado legitima las suspensiones y los despidos al igual que la violación del derecho laboral. Altamira consideró como socialmente lesivo que el subsidio se financie con el dinero de la Anses y que, para colmo, cancele los planes familia y trabajar. Hechas las cuentas, se indignó el dirigente del Partido Obrero, las familias más pobres verán reducidos sus ingresos, con un perjuicio para el fondo previsional destinado al aumento a los jubilados. Se trata de una redistribución de la pobreza de los jubilados a las familias pobres, que perjudicará a unos y a otros, con un saldo favorable para el fisco, destinado naturalmente al pago los intereses usurarios de los nuevos bonos que serán emitidos en canje por los que fueron afectados por la cesación de pagos.
Altamira hizo hincapié en denunciar el recurso a un decreto de necesidad y urgencia para implementar este desproósito.
Para Altamira, esta culminación oprobiosa del debate sobre la pobreza desnuda la falacia de la campaña de la oposición centroizquierdista que pretende, con sus propuestas de asignaciones e ingresos ‘universales’, remediar la pobreza mediante el asistencialismo estatal en lugar de atacar los privilegios de los monopolios capitalistas.
En contraposición a la redistribución de la pobreza, Altamira propuso la prohibición de despidos y suspensiones; un reparto nacional de las horas de trabajo para la totalidad de la población activa; y un régimen de entrenamiento profesional para los trabajadores descalificados financiado con un impuesto especial a las rentas financieras y agrarias y al beneficio capitalista.




Los trabajadores de la fábrica Fargo de la localidad de Moreno están de huelga. La medida de fuerza comenzó el domingo 12 a las 18hs como una respuesta contundente a la política patronal de despidos masivos y vaciamiento de la empresa. Esta patronal pretende que los trabajadores paguen con sus puestos de trabajo y salarios la crisis que los capitalistas generaron.
Hasta el momento son más de 15 los despedidos. La patronal extorsiona a los delegados y trabajadores a que acepten “solo” el despido de algunos trabajadores considerados como escoria por la patronal. Si los trabajadores aceptan esta extorsión la patronal se “compromete” a no despedir más trabajadores. Esta extorsión fue rechazada por asambleas de trabajadores y se reafirmo la posición colectiva de no levantar la medida de fuerza hasta que entre todos los despedidos.
El martes 14 hubo una audiencia fallida en el ministerio de trabajo (delegación San Miguel). La patronal volvió a extorsionar a los delegados para que acepten “algunos” despidos y los trabajadores volvieron a plantear: ningún despido. O entran todos o la medida de fuerza contra los despidos ilegales y arbitrarios continúa.
Hoy miércoles 15 la huelga continúa con un campamento en la puerta de la fábrica donde pernotan los despedidos quiénes alientan sus compañeros que paran en solidaridad con ellos.
El Partido Obrero apoya en forma incondicional esta gesta obrera y llama a todas las organizaciones populares a rodearlas de solidaridad y a difundirla en todos los lugares de trabajo.



Reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos.
Reparto de las horas de trabajo al 100% del salario.
Apertura de los libros contables para determinar la real situación


económica y financiera de la empresa.
Por el control obrero de la producción de toda fábrica que cierre o despida.
Que la crisis la paguen los capitalistas.

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