Por el desprocesamiento y la libertad de los luchadores
Un conjunto de organizaciones obreras y estudiantiles, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos marcharemos el próximo 23, de Congreso a Plaza de Mayo, para reclamar contra la criminalización de la protesta social, por el cese de las persecuciones judiciales a los luchadores y la libertad de los presos políticos.
Entre los convocantes se encuentran los delegados de la Línea 60, los ferroviarios del Sarmiento y de la agrupación Causa Ferroviaria "Mariano Ferreyra", los delegados del Teatro Colón, los familiares del delegado petrolero Víctor Oñate, los trabajadores de la construcción del Sitraic y los trabajadores de Kraft, compañeros que se encuentran en el centro de una escalada contra la protesta social que apunta a regimentar y descabezar al movimiento obrero combativo.
Mientras el gobierno transa con la burocracia sindical la impunidad de los Moyano, los Gerardo Martínez, los Venegas y hasta de los Pedraza, acicatea la persecución penal contra el activismo y deja correr el accionar de las patotas sindicales.
Judicialización, regimentación, patotas
Un relevamiento del Espacio Memoria, Verdad y Justicia lleva contabilizados 2.700 procesos judiciales contra luchadores obreros y populares. Según la estimación de las organizaciones de derechos humanos, la cifra final superaría holgadamente los 6.000. En su mayoría, se trata de cortes de ruta o de vías, huelgas, manifestaciones callejeras y ocupaciones. Así se cumple el diktat de Aníbal Fernández acerca de "gobernar con el código penal en la mano" contra las protestas sociales.
Los procesos alcanzan también a los dirigentes políticos de la izquierda que se solidarizaron con esas luchas, como es el caso de Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, procesados y embargados por llevar su apoyo a la huelga de los trabajadores de Kraft en el año 2009.
Estos procesos judiciales van más allá de la amenaza (una condena puede ser causal de desafuero y despido) o de la inhibición sobre los escasos bienes de un trabajador, y dan lugar a prisiones efectivas. Son los casos del delegado petrolero Víctor Oñate -preso desde hace cinco meses, luego de la rebelión de los trabajadores del norte de Santa Cruz contra la burocracia de Chaco Segovia-, del militante del Sitraic Carlos Olivera, de los jujeños Mario Tapia y Aldo Claros -chivos expiatorios de la masacre de Ledesma, a quienes la policía arrancó "confesiones" mediante torturas y amenazas- y de la activista Karina Germano.
La persecución judicial se complementa con la "tercerización de la represión", a cargo de las patotas de la burocracia sindical que actúan amparadas en el silencio oficial.
Política de Estado
Esta ofensiva cuenta con el aval político del gobierno. Las señales más elocuentes las dieron Nilda Garré, al acusar desde la sala de conferencias de la Rosada a los compañeros de Mariano Ferreyra por los desmanes fogoneados por la burocracia en Constitución en diciembre del año pasado; Aníbal Fernández, que respaldó por todos los medios de comunicación la detención sin pruebas del Pollo Sobrero; la mismísima Presidenta de la Nación, al acusar a los tercerizados del ferrocarril Roca de "buscar un muerto" y al atacar los reclamos de los trabajadores del subte, que pelean por el reconocimiento de su sindicato independiente.
Macri, por su parte, continúa impulsando el desafuero de los delegados del Colón -sobre los cuales pide un embargo de 65 millones de pesos- y desconociendo a los paritarios legítimos de los trabajadores. Se apoya en la burocracia de Sutecba, completamente extraña a laburantes del Colón, para avanzar en el desguace y privatización del teatro.
El objetivo de esta persecución es disciplinar y regimentar al movimiento obrero, para poder descargar sobre los trabajadores las consecuencias del tarifazo en marcha, de los topes salariales, de la reducción del "gasto social" para atender el pago de la deuda externa, de la fuga de capitales, de la devaluación contra el bolsillo de los trabajadores y jubilados, del sostenimiento de las privatizaciones del menemismo.
El objetivo de esta persecución es disciplinar y regimentar al movimiento obrero, para poder descargar sobre los trabajadores las consecuencias del tarifazo en marcha, de los topes salariales, de la reducción del "gasto social" para atender el pago de la deuda externa, de la fuga de capitales, de la devaluación contra el bolsillo de los trabajadores y jubilados, del sostenimiento de las privatizaciones del menemismo.
Todos a la marcha
Son los buchones de la dictadura, los asesinos de trabajadores, los mafiosos de los medicamentos, los que deben pagar con la cárcel por sus crímenes contra la clase obrera. El 23 de noviembre, reclamaremos en Plaza de Mayo por el desprocesamiento y la libertad para los luchadores.
Jacyn
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